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El pasado 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) emitió una sentencia histórica en la cual le ordena al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generar información estadística desagregada sobre la población en asentamientos informales o precarios en todo el territorio nacional. Esta resolución pone sobre la mesa la discusión sobre el papel que pueden y debieran tener las y los jueces al adoptar decisiones que impactan de manera directa en el urbanismo, el ordenamiento territorial, nuestras ciudades y nuestras viviendas. La sentencia de la SCJN tiene su origen en la demanda de amparo presentada por la organización TECHO México en contra del INEGI. Actualmente no se sabe cuántos asentamientos informales hay en el país, en dónde se encuentran, cuánta gente habita en ellos y en qué condiciones. Desde años atrás TECHO México había advertido que esta ausencia de información impedía tanto el diseño de políticas públicas e intervenciones urbanísticas para garantizar una vivienda adecuada a ese sector de la población, como la posibilidad de un escrutinio público sobre los resultados de las intervenciones que realizan las autoridades. Ver más Ver descripción completa
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